Información importante COVID 19

Debido a la excepcional situación derivada del R. D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el despacho permanecerá cerrado al público, al menos durante el periodo de 15 días establecido por el Gobierno.

Según establece el R. D., todos los plazos procesales, administrativos y de cualquier tipo de reclamación, han quedado suspendidos, por lo que deben estar tranquilos ya que sus derechos no se verán afectados durante este periodo.

Covid 19 – Funcionamiento de Notarías

nstrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial.

Actuaciones notariales urgentes. Modo de prestación.

1.- Dadas las restricciones a la libertad deambulatoria establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma solo será obligatorio atender aquellas actuaciones de carácter urgente, así como las que determine el Gobierno. El notario se abstendrá de citar a interesados para actuaciones que no revistan dicho carácter.

2.- En consecuencia, la oficina notarial deberá procurar un teléfono de contacto, así como un correo electrónico para atender tales actuaciones. Estos medios están publicados en la página web www.notariado.org . En todo caso, el interesado que considere urgente una actuación notarial deberá contactar por teléfono o en lo posible presentar telemáticamente un escrito en la citada página web en el que deberá indicar sus datos de identificación, incluido teléfono, así como la actuación notarial demandada.

3.- Si la actuación requerida por el interesado fuera urgente, la prestación del servicio público notarial se sujetará a las siguientes medidas:

a) De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no se admitirá el acceso a la notaría a nadie distinto del propio interesado y conforme a la legislación notarial otros intervinientes como interpretes o testigos.

b) La actuación notarial se desarrollará exclusivamente en la oficina notarial. En cualquier caso, esa actuación notarial se extenderá el tiempo imprescindible, como medio de garantizar la finalidad expuesta en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) El interesado que acuda a la notaría lo hará en el día y hora indicado por el notario, para lo que deberá acudir a la misma con aquellos medios de autoprotección que garanticen la seguridad sanitaria.

d) En la notaría, tanto el personal de la oficina pública notarial, como el notario adoptarán las medidas de separación y alejamiento físico recomendadas por las autoridades.

Tercera.- Oficinas notariales afectadas por el COVID-19.

Si una oficina notarial quedara desatendida como consecuencia del COVID-19, el notario lo comunicará inmediatamente a su Colegio Notarial de conformidad con el artículo 49 del Reglamento Notarial. En este caso, el notario designará en los términos reglamentariamente previstos a un sustituto.

De no ser posible, se aplicará el cuadro de sustituciones aprobado por cada Colegio Notarial.

Covid 19 – Funcionamiento de Registros Públicos.

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia (9-14 h). En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del articulo 52 CC.

REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTIL Y BIENES MUEBLES.

El Colegio de Registradores informa que el Registro de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles permanecerá abierto por tratarse de un servicio público esencial. El plan de continuidad del servicio público registral, aprobado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, incluye en todo caso distintos escenarios en función del nivel de gravedad en cada momento y en cada registro.

El Colegio de Registradores expresa las siguientes recomendaciones:

  • • Realizar los trámites en los registros de forma on-line o vía telefónica.
  • • Para solicitar cualquier información registral, utilizar la página web www.registradores.org.
  • • Recordamos la posibilidad de presentación telemática desde cualquier registro, mediante correo postal, o mensajería. .Igualmente los documentos electrónicos, judiciales y administrativos, así como las instancias subsanatorias o de otro tipo a través de la web www.registradores.org .

Covid 19 – Suspensión de actuaciones procesales

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha adoptado las siguientes medidas urgentes para la inmediata aplicación de lo prevenido en las Disposiciones Adicionales Segunda y Cuarta del RD 463/2020, de 14 de marzo:

“En cuanto a la suspensión de actuaciones procesales, además de la suspensión general de actuaciones y plazos procesales ya expuesta en el RD transcrito arriba, se aclara los siguiente:

a) No se realizarán actuaciones de elaboración o notificación de resoluciones, salvo que tengan carácter urgente.

b) En aplicación de la DA2 del RD 463/2020, no se notificarán inmediatamente las decisiones de suspensión de plazos e interrupción de términos, por ser jurídicamente innecesario; sin perjuicio de que los/las letradas puedan hacerlo constar por medio de diligencia si lo consideran oportuno.

c) Se recomienda que la suspensión de las actuaciones vaya acompañada de un nuevo señalamiento, sin perjuicio de que la decisión se notifique cuando sea posible.”

Covid 19 – Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.”

Quedan por tanto interrumpidos los plazos de las acciones que los ciudadanos tengan o prevean ejercitar. A estos efectos es como si estas dos semanas que inicialmente va a durar el estado de alarma no existieran. Si esta situación se prorroga, también se prorrogaría esta suspensión.

Este conjunto de suspensiones proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y salvaguarda sus derechos mientras dura la situación excepcional.

Covid 19 – Suspensión de plazos administrativos.

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el Sector Publico definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Esta disposición implica la suspensión generalizada de plazos administrativos. No es posible presentar escritos ante las administraciones públicas y por ello se han paralizado los plazos, a fin de evitar perjuicios al ciudadano-administrado.

Covid 19 – Plazos procesales

“Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.

Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prorrogas del mismo.

Existen algunas excepciones a esta suspensión relativas a procedimientos especiales y urgentes, así:

2. En el orden jurisdiccional penal la interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos: a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sea necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Esto supone, en la práctica la paralización de la actividad ordinaria de los Juzgados y Tribunales.

Participaciones preferentes

Las participaciones preferentes son un instrumento financiero emitido principalmente por entidades bancarias en los últimos tiempos, ante la necesidad de incrementar los recursos propios y la dificultad de hacerlo por los métodos tradicionales (p.ej. ampliación de capital).

Las principales características diferenciadoras de las participaciones preferentes son:

1.       No tienen vencimiento (hasta que el tenedor decida venderlas).

2.       No tienen rentabilidad garantizada.

3.       No se garantiza el capital invertido como principal.

Se podría decir que son como acciones de la entidad pero sin derecho a voto y además sin un mercado secundario que provea liquidez suficiente para poder venderlas en un momento dado.

A pesar de lo anterior, este producto financiero ha sido comercializado por diferentes entidades bancarias como alternativas a los depósitos a plazo o inversiones en renta fija.

Muchos de los suscriptores particulares de participaciones preferentes se quejan de que las entidades bancarias no le has informado debidamente de las caracteristicas del producto que estaban adquiriendo. A esto se une el hecho de que muchas de estas entidades, las cuales atraviesan problemas financieros serios, son candidatas a ser intervenidas por el FROB.

Bruselas aboga por que los tenedores de estas participaciones asuman pérdidas si las entidades bancarias emisoras son intervenidas. En esa misma línea, la reciente reforma financiera del Gobierno establece que estos instrumentos híbridos, las participaciones preferentes, se cambiarán por otros productos al precio de mercado (en torno a un 50% del valornominal) más una prima del 10%.

En la actualidad (sept. 2012) se estima en torno a los 700.000 afectados por este problema. Si usted es uno de los afectados por el fraude de las preferentes, le invitamos a que acuda a nuestro despacho donde gustosamente le asesoraremos.

Plusvalía municipal

La plusvalía municipal es inconstitucional si no ha existido incremento patrimonial

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16/02/2017 declara que las plusvalías municipales son inconstitucionales cuando se transmite el inmueble con pérdidas.

Si has vendido tu casa con pérdidas puedes reclamar la devolución de lo indebidamente cobrado por tu Ayuntamiento.

Consúltanos.

«una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar «porque, si así́ fuese, es evidente que el precepto cuestionado seria contrario al principio constitucional de capacidad económica, dado que -como hemos venido señalando- dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» (STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5).

Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE). Así́ las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

Claúsulas suelo

Las cláusulas suelo insertas en los préstamos hipotecarios se consideran con carácter general y cuando afecta a consumidores, nulas por abusivas. Los Tribunales a raíz de la sentencia del TJUE están  obligando al reintegro de lo indebidamente percibido como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula desde la firma del contrato.

Tal doctrina es aplicable con carácter general a todos los préstamos hipotecarios, no solo los destinados a la adquisición de vivienda y la base para su aplicación, en general, es la falta de transparencia con que tal limitación se incorpora a los contratos. En concreto y resumidamente se considera que existe falta de transparencia cuando:

– Tal cláusula ha sido impuesta por la entidad prestamista y no negociada individualmente.

– Se incluye conjuntamente con la llamada cláusula techo como aparente contraprestación ecuánime de la misma.

– Se incluye en escrituras públicas de contenido muy amplio y complejo que  dificulta su apreciación y comprensión.

– No existe información suficiente, clara y comprensible.

Si es su caso, consúltenos cómo conseguir la devolución de lo indebidamente cobrado por su entidad.

Gastos hipotecarios

El Pleno del Tribunal Supremo en sentencia de 23/12/2015 declaró la nulidad por abusivas de diferentes cláusulas insertas en los contratos de préstamo hipotecario, entre ellas las de gastos del préstamo.

Así tanto los gastos de notario como los del registro de la propiedad no los debe soportar el consumidor sino la entidad bancaria que es la interesada y beneficiaria de dichos trámites. La repercusión al consumidor es abusiva y por tanto nula.

Los Tributos que gravan el préstamo hipotecario. La entidad prestamista es el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados y por ello debe hacerse cargo de los mismos. El trasladar al consumidor el pago de estos impuestos es nulo por abusivo.

El consumidor puede reclamar la devolución de estos gastos. Consúltenos.